México ha experimentado múltiples cambios estructurales, tanto sociales y, por ende, jurídicos, terminando con la época Colonial al triunfo del movimiento Insurgente, las Leyes de Reforma, después una Revolución con la bandera de “sufragio efectivo, no reelección”; todo esto acompañado de emergentes constituciones que ponen las bases para un nuevo orden social y legal en nuestro país. Dando un gran salto en la crónica mexicana y llegando al México contemporáneo del siglo XXI, señalamos una gran reforma que viene a redimensionar el mundo de las garantías individuales convirtiéndolas en derechos humanos, prerrogativas que ya se reconocen -no se otorgan- como se plasmaba en el texto constitucional anterior.

Conforme a esta gran reforma en derechos humanos, los grupos vulnerables de la sociedad optan por movilizarle (en mayor medida). Se les empieza a reconocer, aun más, adecuando las leyes a sus necesidades y, de manera paulatina, pasando del derecho al hecho. Pueblos indígenas, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidad LGBTQ+, entre otros, comienzan a tener más visibilidad y participación en el foro mexicano, pero, sigue habiendo personas que, desde un punto de vista, hasta histórico -me atrevo a decir-, han sido total y meramente relegados por las instituciones, por la sociedad o por la Diosa Themis, en este último caso, metafóricamente hablando me refiero a las personas en situación penitenciaria.

Revisemos los datos de Sonora respecto a la situación penitenciaria:

Fuente: Solicitud de Acceso a la Información Publica (Secretaría de Seguridad Pública Sonora, junio 2022)

Este “nuevo” grupo vulnerable, como es conocimiento de muchos, no tiene la característica de que sus derechos fundamentales sean los más dignos. Como por ejemplo el derecho a la alimentación básica, a la salud, entre otras prerrogativas de las más básicas. Los mencionados derechos la mayoría de las veces se restringen por parte de la misma institución penitenciaria y su personal. Las y los mismos presos, y su representación legal otorgada por el Estado, no es la más eficiente en la mayoría de los casos.

"En México, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), existen 220 mil personas de las cuales el 94.3% son hombres y el 5.7%, mujeres".

CASO EN PARTICULAR

Basándonos en el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulados, a dos personas tsotsiles se les priva de la libertad desde 2002. Estuvieron en espera de dictamen de sentencia hasta que esta se llevó a cabo en 2018. Purgando esos años en prisión preventiva; buscando señalar el hecho de cómo es que solicitan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contrarrestar la negativa del INE de otorgarles su derecho al voto, basándose en el precepto depositado en el numeral 38, fracción II de nuestra Constitución Mexicana.

Se atrae este ejemplo como uno más de cómo este sector de la población es sumamente olvidada y trasgredida por las instituciones del Estado, sumando la mala percepción social hacia ellos; dejándolos de lado por el solo hecho haber cometido un delito, y muchos de ellos, ajenos a los crímenes imputados, y, aun así, ellos solicitan algo tan sencillo, pero tan valioso para sus vidas: una segunda oportunidad. Ellos y ellas no son un número más, ni una estadística más, son personas, como tú, como yo, como todas y todos.

En un ejercicio histórico, las personas en prisión preventiva pudieron votar en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021. Fueron pocas, menos de 1.000, y en condiciones limitadas, eligieron prácticamente sin información sobre los partidos políticos y sin observadores electorales, pero es el primer paso de cara a 2024, cuando 90.000 presos sin condena firme deberán ejercer su derecho al sufragio. El Observatorio Libres para Elegir ha revelado esta semana sus conclusiones sobre este proyecto piloto: se registró una altísima participación, el 95% de los que podían votar, lo hicieron.

Fuente: El País