Reduciremos el número de los organismos administradores, así como sus dimensiones y los simplificaremos para evitar el reglamentismo y burocratismo excesivos que no responden a las necesidades organizativas y sí complican los trámites y aumentan sin razón el gasto no productivo.

Reubicaremos todos los tribunales u organismos gubernamentales que tengan función jurisdiccional en el Poder Judicial local.

Desapareceremos la Secretaría de la Contraloría, asignando sus funciones internas a un departamento de auditoría dependiente de la entidad encargada del control presupuestal y dotaremos, en cambio, de recursos materiales y humanos suficientes a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, que ejercerá el control externo, pasando, para ello, a depender del Poder Legislativo dichos elementos que conforman la actual Secretaría de la Contraloría.

Reintegraremos en plenitud a la Cámara de Diputados sus facultades fiscalizadoras y revisoras del gasto público. No se autorizará al Ejecutivo en cada presupuesto de egresos o ley de ingresos un cheque en blanco para que disponga a su arbitrio de los recursos públicos.

Terminaremos con el gasto encaminado a asegurar el control político y a cooptar las iniciativas y movimientos de los grupos sociales.

Convocaremos a los diversos grupos organizados de la sociedad sonorense para que participen en la elaboración de los planes de desarrollo estatal y en la jerarquización de proyectos.