Modificaremos la legislación estatal actual, con el propósito de conceder a los municipios la posibilidad legal de impugnar aquellas leyes o actos de autoridades estatales que lesionen su autonomía o que les nieguen o escatimen los medios indispensables para cumplir con la función a su cargo.

Promoveremos la participación comunitaria, entendida ésta como una actividad organizada, racional y consciente de las personas miembros de una comunidad, para resolver problemas o alcanzar metas comunes que resulten en el mejoramiento de sus condiciones de vida y su desarrollo individual y social.

Asesoraremos y apoyaremos a los grupos formales e informales de la comunidad, tanto en la gestión y tramitación de obras y acciones de beneficio social ante las autoridades competentes, como en las acciones de autoayuda que emprendan.

Estableceremos fuentes propias de ingresos para los municipios y participaciones definidas en los tributos estatales, cuya recaudación deberá efectuar el municipio, con lo que contará con más recursos para atender las necesidades de su comunidad.

Recuperaremos al municipio sus legítimas facultades en materia de suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado, transporte urbano y suburbano, entre otras, arrebatadas en violación a su autonomía.