Dotaremos al Congreso de los instrumentos adecuados y estableceremos sistemas y normas que hagan transparente el manejo financiero de la administración pública estatal, para que los diputados puedan cumplir con responsabilidad sus funciones de vigilancia y verificación del uso y destino de los fondos públicos.

Legislaremos para que los planes estatales de desarrollo requieran para su vigencia de la aprobación del Congreso, estableciéndose métodos y procedimientos eficaces para su seguimiento y evaluación, así como para fincar responsabilidades en caso de incumplimiento.

Prohibiremos categóricamente que el Ejecutivo estatal destruya o se deshaga de la documentación comprobatoria de sus gastos una vez aprobada la cuenta pública, lo mismo que los ayuntamientos y organismos descentralizados del sector público.

Transferiremos a la Contaduría Mayor de Hacienda las atribuciones, sistemas de control administrativo y recursos humanos y materiales de los que hasta ahora dispone la Secretaría de la Contraloría, quedando en lugar de ésta un departamento de auditoría interna.

Legislaremos para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dependa del Poder Legislativo, exclusivamente en lo que respecta a su integración y rendición de informes. El Poder Ejecutivo no podrá "proponer" a persona alguna para que presida dicha Comisión.

Suprimiremos las prácticas irresponsables de "legislar al vapor" y de "congelamiento" de iniciativas mediante la actualización del Reglamento Interior del Congreso, instaurándose procedimientos legislativos ágiles y el acceso de los diputados a toda la información, apoyo técnico y asesoría profesional que el cumplimiento de su función requiera.

Regularemos las comparecencias de los funcionarios públicos para que estén obligados, incluso el gobernador al rendir su informe anual, a conducirse con la verdad y a no ocultar información en sus comparecencias ante el pleno de la Cámara o las Comisiones de diputados, bajo pena de incurrir en responsabilidad política y penal, según sea el caso.

Regimentaremos la autonomía de las comisiones del congreso, a fin de que puedan iniciar investigaciones y pesquisas por su cuenta, y puedan citar bajo apercibimiento a ciudadanos a declarar cuando se analice algún asunto de interés público.

Reformaremos el marco jurídico que regula la responsabilidad de los servidores públicos, incluyendo los electorales y funcionarios de casilla, a fin de convertirlo en normas fácilmente aplicables y exentas de los criterios de arbitrariedad y conveniencia política que hasta ahora tienen y las han hecho inoperantes, para que la autoridad tenga la plena certeza de que tendrá que responder ante el congreso como representante de la ciudadanía por sus actos.