Garantizaremos al Poder Judicial su independencia y libertad para el cumplimiento de su gran función.

Dotaremos al personal al servicio de la administración de justicia, en todos sus niveles y ramas, de sueldos decorosos y seguridad en su empleo.

Garantizaremos la inamovilidad a los magistrados, jueces y secretarios.

Proporcionaremos al Poder Judicial de un presupuesto amplio y suficiente, para que cuenten con juzgados adecuados, decorosos y dignos de la alta misión a que se les destina, así como de todos los elementos necesarios para que la impartición de justicia sea pronta y expedita.

Estableceremos exámenes de oposición, de actitud y aptitud, para los jueces, magistrados y demás funcionarios de los órganos judiciales, tratándose de asegurar que dicho personal destaque por su capacidad, honradez y diligencia.

Promoveremos la legislación para que el Ministerio Público, encabezado por el procurador de justicia, sea un órgano encargado exclusivamente de velar por el cumplimiento del derecho, interviniendo en todos los asuntos estatales de interés general, especialmente como defensor de las garantías constitucionales, ejerciendo las acciones penales conforme a la ley y actuando como representante de la sociedad, no como abogado y consejero jurídico del ejecutivo.

Gestionaremos la legislación para que el Procurador de Justicia sea inamovible, tenga el mismo rango que los ministros del Supremo Tribunal de Justicia y forme parte del Poder Judicial.

Instituiremos, aparte del Ministerio Público, un "Abogado del Estado", dependiente del Poder Ejecutivo, cuyas funciones serán representar al Estado en los juicios en que éste fuere parte y a las dependencias del ejecutivo cuando litiguen con cualquier carácter, fungiendo también como consejero jurídico del gobierno.