Promover una política de Estado hacia los pueblos y comunidades indígenas, en la que se reconozca a la comunidad indígena como el eje básico desde el cual se impulse la renovación de la relación Estado, sociedad nacional y pueblos indígenas, involucrándola en la toma de decisiones para buscar las opciones de su libre desarrollo y esquemas de producción acordes a su particular visión del mundo y sus formas de organización, sus costumbres, cultura y tradiciones, de manera corresponsable y viable.

        Promover una política social incluyente e integral para la atención de los pueblos y comunidades indígenas, para combatir y superar la pobreza extrema, corregir la desigualdad, extender la cobertura de los servicios públicos y alcanzar un desarrollo sustentable, en un marco de respeto a éstos, con cooperación y corresponsabilidad. El desarrollo agrario de las comunidades indígenas en zonas rurales debe orientarse a la promoción de su organización y capacitación, la modernización y los apoyos a la producción en un marco sustentable, sostenido y pluricultural.

        Promover el derecho al pleno desarrollo de los pueblos indios, en los términos que ellos mismos dispongan, en función de sus propios intereses, preferencias y prioridades, para superar los rezagos sociales y económicos que padecen sus familias y comunidades.

        Garantizar el acceso pleno de los indígenas a una educación bilingüe y multicultural de calidad, promoviendo las adecuaciones legales correspondientes y la participación de indígenas docentes y especialistas en la planeación, ejecución y desarrollo de los proyectos educativos dirigidos a los grupos étnicos; la profesionalización de la actividad magisterial de la educación indígena y la elaboración de los recursos didácticos necesarios, así como apoyos tecnológicos para cumplir estos objetivos.