Impulsar una descentralización que trascienda la esfera administrativa, para incidir en una verdadera redistribución del poder público, que equilibre los órdenes de gobierno a favor de los municipios, acompañada de un programa de fortalecimiento institucional.

        Adecuar la legislación para delimitar las atribuciones y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno, precisando sus ámbitos de competencia.

        Estudiar la posibilidad de reelección inmediata de presidentes municipales, síndicos y regidores o la ampliación del periodo municipal.

        Fomentar y apoyar el desarrollo municipal, reformando el marco jurídico que fortalezca la capacidad política y de gestión de los ayuntamientos, otorgándoles mayor autonomía y asignándoles las atribuciones que les permitan responder a los reclamos ciudadanos.

        Dotar a los municipios del equipamiento necesario para su operación y fortalecimiento técnico y administrativo, a través de mecanismos y aportaciones de recursos.

        Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales, fortaleciendo el servicio civil de carrera.

        Fortalecer los cabildos municipales, reglamentando la aprobación de sus acuerdos y precisando su organización y funcionamiento.

        Incrementar la capacidad administrativa de las autoridades municipales, para el mejor desempeño de sus funciones.

        Reforzar la autonomía de los municipios, erradicando cualquier limitación a la libre administración.

        Ampliar el ámbito de prestación de servicios públicos y programas de desarrollo económico y social a su cargo.

        Mejorar los mecanismos de coordinación en la prestación de servicios públicos a cargo de gobiernos estatales y federales, con relación al municipio.

        Fortalecer la economía municipal, propiciando una actividad fiscal propia que coadyuve en la erradicación del déficit en la prestación de los servicios públicos, marginación de las comunidades e incremento de los índices de inseguridad pública y la pérdida de gobernabilidad.

        Combatir el centralismo de las cabeceras municipales impulsando un mayor equilibrio de los beneficios del desarrollo al interior de los municipios y entre las propias regiones.

        Pugnar para que los municipios tengan una mayor participación en la elaboración de los programas de desarrollo regional y de los convenios de desarrollo social.

        Flexibilizar las políticas de aplicación de recursos y revisar la normatividad del Ramo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación, atendiendo a criterios y necesidades específicos de municipios y regiones.

        Pugnar para que los estados brinden atención a todos sus municipios, independientemente de su afiliación política.

        Asegurar la participación de los municipios en la toma de decisiones que les afecten e impulsar su concurrencia en los sistemas estatales y nacionales de planeación.

        Fortalecer su identidad, promocionando y difundiendo los valores culturales de cada municipio a través de los programas educativos y de mayores espacios culturales.

        Promover una amplia participación social en el municipio, abriendo espacios a las organizaciones sociales y comunitarias.

        Propiciar la participación ciudadana en los municipios, evaluando la aplicación de mecanismos de participación democrática como el referéndum y el plebiscito.

        Mejorar la aplicación de las finanzas municipales, propiciando una mayor participación en productos y aprovechamientos derivados de servicios a su cargo y de la explotación de sus recursos naturales y patrimoniales.

        Fomentar el intercambio de experiencias municipales para mejorar la planeación de su desarrollo, a través de reuniones regionales, estatales, nacionales e internacionales de autoridades municipales.

        Atender a los municipios con población indígena propiciando su desarrollo sobre bases sustentables en el mediano y largo plazos, con pleno respeto a los usos y costumbres de sus pueblos y comunidades.

        Abatir los problemas de contaminación desde el ámbito municipal, promoviendo una cultura de protección al medio ambiente.

        Atender la seguridad pública en el municipio, como un valor fundamental entre la libertad y la responsabilidad.

        Estudiar la viabilidad de municipalizar la justicia de menor cuantía.

        Integrar un sistema de coordinación hacendaria que incorpore las áreas de ingreso, gasto y deuda, por una mayor autonomía financiera.

        Elevar la autosuficiencia y la capacidad de gestión económica de las autoridades locales, impulsando una mayor participación en la supervisión de las estrategias de desarrollo regionales.

        Redistribuir las potestades tributarias a favor del estado y los municipios, revisando las disposiciones fiscales federales para que tengan acceso a nuevos recursos mediante transferencia en el cobro de impuestos.

        Ampliar las facultades de la autoridad estatal para usufructuar los bienes patrimoniales de la Nación. 

        Conceder nuevas atribuciones y responsabilidades al estado y los municipios en materia de endeudamiento, como mecanismo complementario para financiar su desarrollo.