Fortalecer el sistema de procuración de justicia, elevando el nivel de los programas de capacitación y profesionalización de ministerios públicos, peritos y policía judicial, incluyendo en todo momento contenidos éticos, jurídicos y técnicos para asegurar la correcta aplicación de la ley; así como procurar que los términos y procedimientos previstos en los códigos penales del fuero federal y común se actualicen, y en su caso, conlleven a la homologación de tipificación, sanciones y figuras procesales.

        Perseguir y castigar con todo el rigor de la ley el secuestro de personas y el robo de infantes, promoviendo penas severas que desestimulen la realización de estos hechos ilícitos.

        Proponer la elevación de las penas aplicables al delito de violación, proponiendo reformas a la legislación penal.

        Pugnar para que se penalice severamente la evasión y el fraude fiscal, así como el desperdicio o desviación de recursos públicos.

        Ampliar y mejorar los servicios que ofrece la Defensoría de Oficio para apoyar a las personas en desventaja económica y educativa, asesorándolas en materia civil, familiar, mercantil y de amparo.

       Impulsar mecanismos eficaces para brindar seguridad a los testigos y víctimas del delito.

        Asegurar que la procuración de justicia garantice la protección de los individuos y la reparación de daños y perjuicios, así como la aplicación de sanciones a quienes sean encontrados culpables.

        Incrementar la eficacia en la prevención del delito, la persecución y sujeción a proceso de los presuntos responsables.

        Fortalecer las áreas de investigación y de prevención del delito, realizando la procedente reestructuración en las instituciones y promoviendo una mayor participación de la sociedad.

        Mejorar la información en materia de procuración de justicia, para contar con programas específicos contra la criminalidad.

        Fortalecer el sistema de administración de justicia, contando con un adecuado número de órganos encargados de impartirla; seleccionando y preparando a los funcionarios que los integren elevando el nivel ético de los litigantes y del personal de los tribunales; actualizando los esquemas administrativos de los juzgados y modernizando sus equipos; revisando el funcionamiento y los procedimientos de los órganos a cargo de los procesos agrario y laboral, para el mejor cumplimiento de los objetivos que determinaron su creación y organización; así como revisar las características y la actividad de los organismos relacionados con la justicia de menores infractores.

        Luchar contra la corrupción y la impunidad en los órganos encargados de procurar y administrar justicia, para que la ciudadanía reconozca en ellos auténticos servidores públicos y no un obstáculo para la aplicación de la ley o inclusive una causa más de delitos y agravios en su contra.

        Impulsar una cultura de la legalidad, emprendiendo una campaña de concientización y de respeto a la ley, reforzando los programas de difusión masiva sobre los contenidos de ésta.