Nuestro proyecto de Nación justa será más sólido, si se sustenta en una seguridad pública que garantice la integridad de la persona y de su patrimonio. Lo vamos a lograr mediante una profunda reforma judicial, con leyes idóneas y cabalmente respetadas.

        Con jueces aptos, honrados, comprometidos con la vigencia de la ley y la defensa del Estado de Derecho. Con servicios de inteligencia y recursos públicos para la prevención y combate da la delincuencia organizada y al narcotráfico. Con cuerpos policiacos integrados por personal capacitado, honesto, respetuoso de la ley, de los derechos humanos y de los intereses de la sociedad.

        Lo vamos a lograr principalmente, con la participación de la sociedad. Tenemos que crear una nueva cultura de la legalidad, de respeto al orden público y a los derechos de nuestros semejantes. Una nula tolerancia ante el delito debe partir de una nueva moral pública, en la que los valores de la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento de nuestras obligaciones sean generalizadas y compartidos por la inmensa mayoría.

        El Estado tiene indeclinable e intransferible obligación de otorgar seguridad a todos los habitantes, a las familias y empresas, a los hogares y centros de trabajo, a los caminos y calles, por igual en los pequeños poblados y en las grandes ciudades.