Proponemos hacer del empleo el objetivo privilegiado de la política económica.

        Vamos a aplicar una política económica que nos permita crear, por lo menos, un millón de nuevos empleos en cada uno de los próximos seis años.

        Hemos de alcanzar en el próximo sexenio un crecimiento económico de por lo menos cinco por ciento anual en promedio.

        Fomentaremos niveles de inversión privada crecientes y sostenible, complementados con un decidido impulso a la inversión pública que nos permita acelerar el desarrollo científico y tecnológico, mejorar la calidad de la educación y ampliar la infraestructura.

        Promoveremos la inversión en las actividades de mayor y más pronto impacto en la generación de empleos estables y adecuadamente remunerados, y hacerlo prioritariamente en las regiones, estados y municipios en donde se presentan los mayores rezagos sociales.

        Buscaremos crear más y mejores empleos para las mujeres, exigiendo para ellas la aplicación del criterio de que a trabajo igual salario igual.

        Nuestra perspectiva a mediano plazo es de crecimiento económico y de avance importantes en el combate a la inflación. Desterraremos la crisis económica del horizonte de México para trasformar crecimiento en desarrollo con justicia social y equidad; para ello es necesario el compromiso del Estado que se traduzca en políticas de gobierno eficientes.

        Sabemos que el mercado requiere libertad para asignar los recursos productivos y la inversión, pero también que la distribución de los beneficios del crecimiento económico demanda de políticas públicas con visión social del Estado.

        Al gobierno corresponde crear condiciones de certidumbre y confianza para el mejor desempeño de las actividades económicas. El crecimiento económico tendrá mejores posibilidades de ser alto y sostenido si el gobierno persevera en la disciplina fiscal, en el manejo honesto y eficiente de los recursos públicos, y en las reformas que permitan superar burocratismo y corrupción.

        La honestidad y eficiencia en el uso y destino de los recursos públicos son condiciones necesarias pero no suficientes para atender sus obligaciones sociales, el Estado requiere de más recursos.

        Proponemos un gran acuerdo federalista para la reforma fiscal, cuyos objetivos centrales sean la reducción, en el corto plazo, de la evasión y la elusión fiscales y la modificación de impuestos, tasas y tarifas a fin de promover la inversión productiva y gravar el derroche y el dispendio.

        Vamos a abrir libertadas tributarias para los estados y municipios, redistribuyendo competencias y fuentes de recaudación entre los tres órdenes de gobierno, reconociendo las diferencias entre las regiones y promoviendo una cultura solidaria y equitativa que haga que quien más tenga más contribuya.