Proponemos sentar las bases de una reforma democrática del estado, replantear la estructura actual de los poderes públicos, descentralizar su ejercicio y reducir los márgenes excesivos de autoridad conferidos al poder ejecutivo. Dentro del marco de esta reforma del estado deberán considerarse planteamientos como abolir el control corporativo del estado sobre los ciudadanos, los sindicatos y las organizaciones sociales; prohibir la afiliación colectiva a los partidos, dar plena libertad de asociación gremial, cívica, empresarial y laboral; alentar y respetar a las asociaciones no gubernamentales y todas las manifestaciones de pluralidad ideológica y de lucha social, características inherentes del nuevo país que se perfila de cara al nuevo milenio.

Impulsar una reforma electoral de avanzada, donde se establezca mayores equilibrios en los gastos de cada partido, estableciendo mecanismos claros y de mayor control en las aportaciones privadas a los candidatos y partidos; garantizar mayor equidad en la presencia de los candidatos y partidos en los medios de comunicación masiva, así como garantizar la imparcialidad de los organismos electorales, contar con padrón y listas nominales de electores plenamente confiables, auditables y corregibles oportunamente por ciudadanos y partidos políticos. De igual manera establecer el derecho de los ciudadanos a participar y decidir por si mismos cuestiones fundamentales para la vida estatal y municipal, con mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

Promover una división real de los poderes del estado, a través del restablecimiento de las funciones y de la autenticidad representativa del poder legislativo, respeto irrestricto a su conformación plural, así como el establecimiento de un nuevo sistema de relaciones y contrapesos entre los poderes del estado. Fortalecer las facultades del Congreso del Estado de la supervisión de los actos del ejecutivo y la definición de los planes y políticas del gobierno; someter a la aprobación de la cámara a los secretarios titulares de las dependencias, quienes eran política y administrativamente responsables de las mismas. Que el poder judicial tenga la misma autonomía para la colaboración de su presupuesto, así como ya la tienen los poderes legislativo y ejecutivo, estableciéndose además mecanismos mucho más claros para la fiscalización y revisión de sus ingresos y egresos, aplicando mayores sanciones a todos los niveles, cuando dichos recursos sean malgastados o sustraídos con fines personales o desviados a campañas políticas de los candidatos y/o partidos políticos. -De igual manera, dentro de una reforma integral de los tres poderes, se deberá establecer como reforma legal, la capacidad de la cámara de diputados de auditar a todas las dependencias del ejecutivo, incluyendo los recursos que ingresan a través de la generación de manera directa, recibiendo al menos información básica del destino de los mismos. 

En el mismo contexto, el PRD propone impulsar una reforma legal para que los comisarios de los ayuntamientos sean elegidos de manera directa, a través del voto universal, directo y secreto de sus habitantes.

Plantea también la imperiosa necesidad de una reforma legal, para que los ciudadanos por iniciativa propia, o las instituciones académicas y colegios de abogados, presenten propuestas y perfiles de aspirantes a integrar a los supremos tribunales de justicia del estado, y se elimine la facultad del gobernador de proponer a los mismos a consideración de la cámara de diputados. Esta iniciativa, sin lugar a dudas, fortalecerá enormemente la división de poderes que se expresa en teoría en nuestra carta magna.

De igual manera, el PRD propone una reforma de ley para que la H. Cámara de Diputados, nombre por mayoría de 2/3 partes de sus integrantes al Procurador de Justicia del Estado; a propuesta de ciudadanos en general, instituciones públicas y colegios de abogados y de profesionistas del ramo de la procuración de justicia. 

Proporcionar seguridad pública a los sonorenses. Profesionalizar y responsabilizar a las corporaciones policíacas dotándolas de un estatuto propio y de una formación técnica adecuada a su función; implantar un sistema de estímulos y escalafón respetando la seguridad en el empleo, buscar fórmulas para compensar a los agentes por los riesgos inherentes a su trabajo y otorgarles una jubilación digna, sus sueldos evidentemente tendrán que ser bien remunerados. Todo esto como base esencial para que tengamos cuerpos probos y honestos que son los encargados de la aplicación y prevención de la justicia, para acabar con la histórica corrupción de los cuerpos policiales del país, impulsando esta nueva cultura de entendimiento entre la sociedad en general y dichos cuerpos. 

Garantizar la autonomía de los municipios entendida esta como la célula básica del sistema federal y republicano y reconocida constitucionalmente como la primera instancia para el ejercicio de la soberanía popular. Rescatar la tradición comunitaria y ampliar en forma sustantiva sus recursos. El municipio será el eje de la democratización del Estado y del país, gozará de autonomía política y económica, participará en las decisiones fiscales y administrará por si mismo los servicios sociales. Se debe garantizar el funcionamiento del cabildo abierto y la participación ciudadana como el instrumento del ejercicio directo del poder.