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El cambio de gobierno que proponemos para el año 2000, tiene
como uno de sus objetivos centrales la modificación a fondo
de las políticas económicas hasta hoy aplicadas, para
asegurar un desarrollo económico con sentido social y el
fortalecimiento de la soberanía del estado; un crecimiento
económico cualitativo con objetivos sociales y ecológicos
precisos, en un contexto de estabilidad.
El nuevo gobierno democrático emanado, propiciará que las
estrategias y decisiones de la política económica se funden
en el apoyo real de la ciudadanía en una efectiva división
de poderes. Promoverá la participación en este nuevo
esfuerzo económico de los empresarios productivos, de los
trabajadores de la ciudad y del campo, de los científicos,
técnicos y profesionistas, de los artistas y trabajadores de
la cultura y de los autoempleados en las diversas modalidades
de la economía informal.
El nuevo Poder Legislativo independiente y representativo
participará efectivamente en las decisiones de
planificación, presupuestación y financiamiento del gasto
público; y realizará la vigilancia del manejo honesto y
eficaz de la hacienda pública. Tendrá bajo su
responsabilidad la reforma necesaria a las leyes para permitir
la nueva era de participación y conjugación de esfuerzos
entre los sectores privado, público y social.
El Poder Ejecutivo, por su parte, propondrá las políticas
económicas necesarias al poder legislativo para que una vez
aprobadas por éste, el crecimiento económico goce del
respaldo de la ciudadanía. Así se alcanzará el impacto
positivo que se busca sobre el desarrollo social, la
integración de la planta productiva, el impulso al desarrollo
regional y municipal, el cuidado de la ecología y el
fortalecimiento de la soberanía. Para ello se abocará a la
creación, reorganización y mejor funcionalidad de las
instituciones de ámbito estatal y someterá a la aprobación
del Congreso nuevas leyes e instituciones necesarias en esta
gran tarea para el desarrollo económico.
Las principales metas en materia de desarrollo económico
serán las siguientes:
-
Lograr un
crecimiento económico superior al promedio nacional.
-
Desarrollar
la más amplia generación de empleos en la ciudad y en el
campo.
-
Elevar los
salarios y condiciones de trabajo.
-
Alcanzar la
efectiva salud de las finanzas públicas.
-
Garantizar
una nueva era de crecimiento en el campo.
-
Apoyar el
desarrollo e integración de las pequeñas y medianas
empresas.
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Promover el
desarrollo regional y municipal.
-
Elevar el
gasto a la salud, educación, la vivienda y el desarrollo
científico y tecnológico.
-
Asegurar el
bienestar material y económico de la población.
-
Reducir el
endeudamiento público.
El cambio de gobierno y de política económica que se
propone, es la recuperación del papel activo del Estado en la
economía sin modificar la definición constitucional del
régimen de economía mixta, aumentando la capacidad de gasto
público y la elevación de los ingresos que permitan un real
desarrollo con sentido social.
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