Concretaremos la total autonomía de la CEDH.

        Fomentaremos una mayor fuerza jurídica a las recomendaciones que emitan la CEDH, otorgándoles el carácter de obligatorias y vinculándolas con el sistema jurídico.

        Otorgaremos de autonomía a los órganos encargados de procurar justicia a través de la designación del Procurador por parte de la Cámara de Diputados.       

        Estableceremos, con la participación ciudadana, mecanismos efectivos de selección de agentes del Ministerio Público, policías judiciales y defensores del oficio. Para esto se requiere establecer los servicios de carrera en las policías, las fiscalías y en las defensorías de oficio, con el consiguiente mejoramiento en las condiciones laborales, y la mayor capacitación técnica, de investigación y de promoción y respeto a los derechos humanos.

        Impulsaremos la capacitación a los magistrados, jueces y secretarios del Poder Judicial sobre la legislación internacional en materia de derechos humanos y estableceremos como obligatorias las recomendaciones de órganos nacionales e internacionales, de tal manera que se suplan los errores y negligencias en las sentencias dictadas por los tribunales federales y estatales.

        Impulsaremos la total profesionalización del personal y de las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos.

        Aseguraremos el cumplimiento de los acuerdos y convenios bilaterales en materia de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares.

        Instrumentaremos a través de la enseñanza formal los valores de la tolerancia y el respeto a los derechos humanos que deberán estar presentes en los planes de estudio de todas las escuelas de educación básica.

        En caso de que los servidores públicos incurran en cualquier delito contra los derechos humanos, haremos públicos los resultados de las investigaciones.

        Implementaremos políticas educativas que den a conocer a la ciudadanía, los derechos de la población y que se fomente su cabal respeto.

        Promoveremos que los derechos sociales, económicos y políticos sean integrados al sistema de protección de los derechos humanos.