Promoveremos ante el Congreso de la Unión la ampliación del periodo constitucional de los miembros de los congresos locales y Ayuntamiento de tres a seis años, con el fin de incrementar su profesionalización, consolidar planes y programas de gobierno y asegurar su independencia respecto de los Ejecutivos locales.

        Impulsaremos las reformas legales necesarias para incluir los principios de compensación y equidad para el desarrollo regional, estableciendo claramente la obligación de resarcir la deuda pendiente de la federación en materia social con los estados más rezagados del país.

        Revisaremos los procedimientos del proceso de la descentralización y desconcentración administrativa, para que la redistribución de competencias y responsabilidades estatal y municipal sea congruente y coherente con el desarrollo regional.

        Evitaremos que el estado y las cabeceras municipales concentren en forma exclusiva el diseño de programas de desarrollo social, así como de infraestructura, y atender las necesidades de las comunidades indígenas y los núcleos ejidales.      

        Revisaremos el proceso legislativo local para que se aprueben compromisos básicos de los programas regionalizados, de tal manera que dichos compromisos correspondan a los periodos de los gobiernos.

        Vigilaremos que la administración y gestión de los recursos, no recaiga en la ampliación de la plantilla del personal y el gasto corriente del estado y los municipios.

        Impulsaremos la instauración de un servicio público de carrera en las administraciones estatales y municipales, para fomentar la profesionalización de sus miembros.

        Buscaremos mayores facultades para el estado y municipios para establecer un equilibrio ambiental y proteger las zonas arqueológicas y ecológicas.

        Promoveremos las reformas legales y financieras que incentiven la participación efectiva de los sectores social y privado en el desarrollo regional.

        Promoveremos procesos de participación de las organizaciones sociales y en general de los ciudadanos, en la elaboración de programas de desarrollo municipal y regional e impulsaremos una ley de fomento a las actividades de la organizaciones civiles para el desarrollo social, estableciendo estímulos para aquellas cuyo centro de acción sean las regiones de extrema pobreza.

        Fomentaremos programas de educación y capacitación para generar capital social que coadyuve a las tareas de autogestión y atención de los asuntos públicos y así impulsar de mejor manera los programas de desarrollo integral.