Dotaremos de plena autonomía a la PGR para convertirla en un órgano de Estado no dependiente del gobierno; para ello, el procurador general será nombrado, a propuesta del Gobernador del Estado por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados; reestructuraremos el ámbito de sus competencias y recuperaremos su papel y rango de Fiscal General, encargado de la instrucción de los procesos. Convertiremos a los actuales agentes del Ministerio Público en un cuerpo de fiscales de carrera con criterios de ingreso, promoción y permanencia vinculados al mérito y al desempeño honesto de sus funciones.

        Crearemos fiscalías regionales en lugar de las actuales delegaciones de la PGR adecuaremos su estructura a la del Poder Judicial.

        Acercaremos la justicia a la gente, a través de una reestructuración de los poderes judiciales, de manera que existan más jueces para atender los casos.

        Lucharemos por superar el rezago que existe en cuanto a órdenes de aprehensión, evitaremos las prácticas de corrupción que se presentan por errores técnicos en los servicios periciales y posibles manipulaciones por parte de algunos elementos del Ministerio Público en la integración de las averiguaciones y aseguraremos la efectividad mediante mecanismos más transparentes y sujetos a una delimitación temporal para dictar sentencias.

        Auspiciaremos que los abogados que aspiren a formar parte poderes judiciales o locales dispongan del apoyo de los institutos de capacitación judicial, de forma académica.

        Buscaremos que se sancionen con mayor severidad delitos de elevada repercusión social que, como el secuestro, el cohecho y la defraudación fiscal y la causada en perjuicio de acreedores, provocan una súbita y profunda irritación colectiva.

        Motivaremos que las asociaciones de abogados colaboren en el control y vigilancia de quienes practican el ejercicio de la abogacía. El abogado debe ser colaborador en la administración de justicia, ya que mediante mejores mecanismos de control y vigilancia se podrá abatir la proliferación de lucro y las prácticas de corrupción.

        Impulsaremos esquemas de medición del desempeño del sistema judicial mediante encuestas de opinión pública e indicadores cuantitativos de desempeño que valoren la rapidez, porcentajes de sentencias dictas o revocadas, acciones disciplinarias, cursos de especificación y capacitación, gastos y costos, entre otros

        Lucharemos por que se sancionen con el rigor prescrito a los delincuentes, con el propósito de privilegiar la opción represiva que sólo provoca que la violencia institucional se confunda con la violencia delincuencial sino tratando por el contrario de abatir sustancialmente la impunidad que nuestro sistema de seguridad y justicia ha propiciado.

        Reformaremos la ley para castigar con toda energía la prevaricación por parte de los jueces, de manera que la posición social o económica de los acusados no sea una fuente de impunidad.

        Restableceremos los procesos de justicia de paz para asegurar accesibilidad para resolver litigios sencillos o que el monto de lo demandado sea inferior a alguna cantidad establecida.

        Fortaleceremos la institución del abogado de oficio, de manera que los grupos más vulnerables cuenten con asesoría jurídica profesional en todas las ramas del derecho. La defensoría de oficio tendrá el carácter de un cuerpo profesional de carrera, dependiente de la Secretaría de Justicia, con salarios homologados a los de los fiscales del ministerio público y con un número equivalente de casos para su atención. Promoveremos reformas similares en todos los estados de la federación.

        Diseñaremos y haremos efectivo un sistema de estímulos reales que repercutan preferentemente en la elevación del nivel de vida del funcionario con el cual se premie la eficiencia y la integridad ética de quienes integran los órganos de procuración de justicia.    

        Institucionalizaremos la formación criminalística de los elementos de la Policía Judicial a efecto de hacer realidad en México el periodo científico de la persecución de los delitos erradicando así el uso de medios ilícitos de la materia.

        Pugnaremos porque los reclusos tengan garantizado el derecho a la readaptación mediante mejores condiciones de vida, oportunidades para adquirir un oficio o profesión, acceso a niveles superiores de educación y a un tratamiento individualizado que les permita integrarse a una vida futura en sociedad.

        Propondremos la creación de instancias de medición entre los particulares para los asuntos de orden civil que no sean de gravedad, de manera que existan mecanismos de arreglo meta judiciales que descarguen de trabajo a los tribunales civiles.