Impulsaremos una amplia discusión acerca de la constitucionalidad de distintos apartados de la Ley de Combate a la Delincuencia Organizada, a la que invitaremos a representantes de los tres poderes de la entidad y organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos.

        Pondremos orden en la actuación de las distintas dependencias que tienen como objetivo el combate a la inseguridad pública. Particularmente delimitaremos las áreas de actuación de los miembros de la policía judicial del estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado que adquirirá plena autonomía como órgano de Estado y las instancias federales.

        Propondremos la creación de la Secretaria de Justicia al procurador como consejero de justicia. El Secretario de Justicia sustituiría al procurador como consejero legal del gobierno, y bajo su mando quedarían la Policía Estatal Preventiva y la encargada de llevar a cabo la investigación de los delitos -coadyuvante del Ministerio Público autónomo y del poder judicial- que sustituiría a la actual policía judicial. Además, la nueva secretaría sería el vínculo formal entre el ejecutivo y el Poder Judicial.

        Impulsaremos que el personal de las Fuerzas Armadas no se ocupe de las actividades de combate al crimen y la delincuencia con el propósito de que su actuación se enmarque en lo estrictamente estipulado por la Constitución.

        Evaluaremos constantemente la policía y los programas de combate al narcotráfico, al crimen organizado y al lavado de dinero, haciendo que el Gobierno Federal actúe con la estrecha colaboración de los gobiernos locales aprovechando la experiencia conjunta y apoyados en programas de financiamiento común a la Federación, a los estados, a los municipios y al Distrito Federal según sea el caso.

        Crearemos espacios ciudadanos de consulta para la definición, puesta en práctica y evaluación de políticas en materia de seguridad, privilegiando especialmente la participación de expertos en la materia y de reconocida trayectoria profesional.

        Ejecutaremos programa de reproducción celular de la seguridad pública que apartan del nivel vecinal y se extiendan hasta el nivel de las dependencias gubernamentales y policíacas que permitan organizar estrategias efectivas contra la delincuencia.

        Impulsaremos una gran campaña de comunicación social que oriente a los ciudadanos sobre las funciones que desempeñan las instituciones de seguridad pública, buscando generar un cambio de imagen con el apoyo de los grupos intermedios de la sociedad tales como la escuela, la empresa, las organizaciones vecinales y los medios masivos de comunicación.