Consolidaremos un Tribunal Constitucional con funciones específicas de control de la constitucionalidad de los actos de la autoridad pública, que establezca doctrina en materia de legalidad y resuelva cuestiones de competencias, impedimentos y se construya como órgano supremo dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación.

        Devolveremos al Consejo de la Judicatura la plenitud de sus facultades y permitir que ejerza efectivamente las funciones que le fueron conferidas inicialmente en las reformas de 1995, con el fin de evitar la aparición de subordinaciones y proclividades que afecten el ejercicio de la impartición de justicia.

        Reconocemos que el marco normativo se encuentra en plena transformación, aún cuando es necesario que se adecuen diversas leyes y códigos, tales como la Ley de Amparo, el Código de Comercio, los códigos de procedimientos civiles y penales y la Ley Federal del Trabajo. Sólo mediante una legislación clara y congruente las disputas jurídicas podrán tener un desenlace justo y equitativo.