El marco legal político que ha regido las relaciones laborales de México en las últimas décadas se ha vuelto absoluto y anacrónico. Nuestra legislación actual no sirve ni en un contexto de competitividad económica ni en uno de apertura democrática. La creación de una nueva relación entre Estado y trabajadores es condición fundamental ante un nuevo marco de competitividad nacional e internacional creciente. Asimismo, el desarrollo económico y social del país requiere de la construcción de nuevos consensos entre el capital y el trabajo en los que tanto sindicatos como organizaciones sociales estén plenamente representados. Las decisiones estratégicas sobre el futuro del país deben ser tomadas por todos los actores involucrados y ello incluye no sólo al gobierno, sino también a los empresarios y a los trabajadores. Por eso, y para que la fuerza laboral se encuentre realmente representada, es necesario democratizar el mundo del trabajo.