Nada es más urgente que una reforma verdadera del sistema de justicia, en el que ha sobresalido la complacencia, la hipocresía, el anacronismo y la visión de corto plazo. Se requieren reformas en serio al derecho sustantivo, a la judicatura y al ejercicio de la abogacía. El Estado debe abrirse a la luz pública y sancionar el núcleo mismo del asesinato político, de la defraudación y del saqueo que han debilitado a los poderes públicos y al país frente al exterior e imposibilitan, mientras subsistan, una verdadera reforma democrática del Estado. La pérdida de autoridad moral que tales extremos de lenidad generan, imposibilita el ejercicio regular de las funciones de gobierno y corrompe la noción misma de República como el espacio de legitimidad política, el marco institucional del Estado de Derecho y el referente ético de la actividad ciudadana. Se necesita de una reforma total, a fondo, de todo el sistema administración de justicia devolviéndole su majestad y autonomía. La forma de elección de los miembros de la Corte debe ser democrática, de modo fortalecer su carácter de poder del Estado.