El Estado requiere un cambio sustantivo del régimen político. Nuestra propuesta central consiste en la elaboración y adopción de una nueva constitución, que culmine y concrete la transición emprendida e inaugure un tiempo nuevo en la historia del Estado. Se trata, en esencia, de refundarlo. Para la consolidación de un régimen democrático en Sonora es necesario desmantelar las estructuras autoritarias del viejo orden, sustituyéndolas por instituciones que determinen e incentiven el republicanismo, la descentralización del poder y el respeto al estado de derecho. Una nueva constitución es la solución automática de los problemas del estado, pero si el paso indispensable para transitar de un sistema autoritario a un régimen genuinamente democrático y para convenir al derecho en fuente genuina de obligaciones y de certidumbres, una Constitución digna de tal nombre no debiera ser modificada al arbitrio de los gobernantes sino, en caso excepcional, mediante el método refrendario. Un régimen que se asiente en la clara distinción entre las funciones de Estado y la de gobierno cada una con su propia jefatura. Un Estado parlamentario, debiera fomentar la descentralización creciente del poder hacia los estados, los municipios, las comunidades autónomas, las organizaciones sociales y los propios ciudadanos. Fomentaría igualmente el desarrollo de una cultura democrática y combatiría sistemáticamente la corrupción mediante mecanismos de rendición de cuentas. Una administración pública de carrera, y la primacía de la justicia sobre los valores y las instituciones sociales.

        En Sonora, el problema de rendición de cuentas no solo se refiere a los crímenes de un régimen autoritario en contra de los derechos humanos, como es el caso de la mayoría de los estados de nuestro país, sino a un problema endémico y cultural de corrupción. Los objetivos de la transición democrática, deben ser por una parte, la restitución de la confianza, es decir, la reconstrucción de un pacto entre Estado y sociedad, como una posibilidad de construcción de una nueva legitimidad. Y, por otra el desmantelamiento de las viejas estructuras del poder, llegando a la construcción de convenios, vía rendición de cuentas, castigo a los responsables de delitos patrimoniales, de violación a derechos humanos y establecimiento de absoluta exigibilidad judicial y social, sobre todos los actos del poder público.